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El mercado laboral en la República Dominicana se caracteriza por el alto porcentaje de trabajadores ocupados en actividad laboral no regulada o empleo informal. Esta realidad crea vulnerabilidad social ante la ausencia total de políticas  tendentes a proveer seguridad social a estos sectores.

De cada 100 ocupados, remunerados o no, que participan en la actividad económica, el 57.1% está inserto en el sector informal y el restante 42.9% en el formal, según informe del Banco Central.

“Lo anterior ha constituido justificación para el sector empresarial considerar la reforma laboral como la solución a reducir el empleo informal con la generación de empleos de calidad que contribuirá a mejorar las condiciones de competitividad en los mercados internacionales”, resalta Wandelpool R. en un comunicado.

Es indudable que la informalidad en el empleo crea impactos negativos sobre la productividad y la competitividad y que se hace necesario tener una visión integral a fin de reducir este flagelo. Sin embargo, una reforma laboral sin consenso podría atentar con el sistema democrático que rige en nuestro país e incluso aumentar el desempleo, con penosas repercusiones sociales.

La reforma laboral no garantiza una reducción en la despreciable tasa de desempleo que oscila el 14.5% según datos oficiales, sino que se persigue flexibilizar los despidos, reduciendo las indemnizaciones. Por consiguiente habrá más cancelaciones de trabajadores y el Estado no tendrá la capacidad de responder a la demanda de empleo formal, lanzando a la informalidad a personas que poseían empleos estables. El trabajo informal es una especie de desempleo encubierto, generado por la incapacidad del segmento formal de generar suficientes empleos.

En síntesis, la reforma laboral que se debe proponer, debe ir dirigida especialmente al debido proceso; a la necesidad de que las partes directamente ganen protagonismo en los tribunales con lo cual se evitaría la especulación de casos y se fijaría la mirada especialmente en los derechos de las partes y no en los intereses de terceros involucrados. No debe ser una reforma que desincentive el empleo formal, procurando la inestabilidad laboral, falta de calidad del empleo y baja remuneración salarial.